Esta ley introduce modificaciones al sistema de riesgos laborales con el objetivo de agilizar y ordenar el tratamiento de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Su principal cambio consiste en establecer que, antes de iniciar una demanda judicial, el trabajador debe pasar obligatoriamente por las Comisiones Médicas, donde se determina el carácter laboral de la contingencia, el grado de incapacidad y las prestaciones correspondientes. Además, la ley regula el procedimiento de revisión de las decisiones, actualiza la forma de calcular las indemnizaciones, fortalece el funcionamiento del sistema de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), crea el régimen de Autoseguro Público Provincial y promueve una mayor celeridad, uniformidad y seguridad jurídica en la resolución de los conflictos derivados de los riesgos del trabajo.

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